Valor legítimo y económico del voto democrático
Participación ciudadana en el Estado Democrático
Quiero difundir hoy esta carta o nuevo ensayo breve hacia la profundidad y calidad democrática de las sociedades libres. Pero antes una necesaria aclaración sobre cierta duda planteada en algunas cartas recibidas: No estoy afiliado a ningún partido político y nunca lo he estado. Hasta ahora sólo tengo afiliada mi conciencia ciudadana a las medidas inteligentes (o que yo interpreto como inteligentes) para el interés general, procedan dichas ideas de donde procedan. Unas veces he votado a la izquierda y otras a la derecha y con la misma “camisa”, sólo ha dependido de la comunidad legítima en cuestión y de los programas o intenciones partidistas en dichas comunidades. Entre las opciones de representación legítima que se me ofrece como ciudadano tengo derecho a elegir las que considero como inteligentes. En las urnas diferencio mucho la simpatía (si la hubiere) de la seriedad por el bien común; y el interés general de mis comunidades es algo muy serio para mí.
En este trabajo voy a intentar exponer de la manera más coherente a mi alcance el valor del ejercicio del voto legítimo y electoral del ciudadano hacia su/s Comunidad/es pública/s. Cuestionaré e intentaré que el sentido común me conduzca hacia lo cierto y verdadero para el interés general de mis Ciudadanías, desde la soberana hasta la municipal (todos los niveles vinculantes de mi voto democrático).
Pienso que los ciudadanos con mentes vocacionales despiertas, inquietas e investigadoras tienen cierto “deber” de contribuir, junto a los políticos profesionales, a mejorar el Estado en su evolución Democrática, adaptándose mejor así la comunidad a los cambios externos e internos de las sociedades libres. A lo largo y ancho de nuestra vida nunca dejamos de ser ciudadanos, cada uno de nosotros somos parte de la soberanía y de su Estado democrático. Ya que somos pensemos en lo que somos.
La Ciudadanía no es una profesión, tampoco una ciencia o especialidad. La Ciudadanía no es un título que nos dan en la universidad, tampoco se compra con dinero, quizás por eso hay muchos que la tienen y no saben que la tienen; o lo saben y no le prestan valor o atención. Y no sólo es conjunto de derechos y deberes, la Ciudadanía Democrática representa la conciencia colectiva y cívica capaz de unir a seres de distintas inclinaciones políticas, religiosas y éticas, distintas etnias, credos filosóficos, distintas edades y sexos, feos y guapos, cultos e incultos, jueces y ladrones, pobres y ricos; la Ciudadanía es la única conciencia razonada con capacidad para unir a todos estos grupos y a muchos más en un fin común, la civilización democrática.
La inteligencia en beneficio del interés general es la “mina de oro” de todo ciudadano. El beneficio del interés general debe ser para cada ciudadano/a superior al interés creado en grupo inferior, ya sea partido político, religión, moral, filosofía, etc. Si la inteligencia puede ser expresada por todos, significa que podemos encontrar inteligencia ciudadana en beneficio del interés general en cualquiera o en todos estos grupos “inferiores” mencionados.
Soy ciudadano español, europeo, andaluz, malagueño y benalmadense; pues bien, en todos estas Ciudadanías propongo para el desarrollo de los derechos fundamentales y del interés general:
Crear una ley orgánica que establezca una fórmula fiscal para la rebaja de impuestos a los/as ciudadanos/as que acudan a ejercitar su derecho al voto.
Pienso que la primera impresión del lector ante este enunciado podría ser: “Con esta medida: ¿se produce discriminación hacia los ciudadanos que no deseen votar?”.
Por deducciones creo que no, porque la discriminación social o política se produce cuando un grupo o asociación desprecia (dan trato de inferioridad o desfavorable) a otro grupo y no desean que convivan o se mezclen con ellos. Esta Propuesta es neutral ante los ciudadanos que no acostumbran a votar, porque no se les niega que formen parte activa del Estado, convivan y se mezclen con nosotros, los que votamos. Gratificar a unos no significa discriminar a otros. No existe discriminación hacia los que no desean ejercitar el derecho al voto. Al menos discriminación legal o constitucional, pero puede ser que bajo alguna ética democrática no esté tan claro e incluso que yo pueda estar equivocado.
Los votos de los ciudadanos forman la voluntad de las respectivas comunidades legítimas inherentes a dicho ejercicio, voluntad indispensable en la formación y mantenimiento del Estado Democrático y de Derecho, sus Órganos, Representantes y Poderes. El gratificar este interés ciudadano en beneficio del fortalecimiento y buen funcionamiento del Estado Democrático y su potencial futuro no discrimina a los que “le dan igual”, si “venden” su abstencionismo por una gratificación o si siguen en su falta de ejercicio democrático es elección de ellos, ya que ninguno de sus derechos de libre elección son vulnerados.
Los que no quieran votar pueden provocar un voto nulo o votar en blanco (votos “protesta”). Pienso que, de alguna manera, los verdaderos discriminados son los ciudadanos que acostumbran a votar. Los votantes son los que activan al Estado Democrático y a sus órganos, son imprescindibles, sin embargo participan en las labores democráticas del país y no obtienen recompensa por ello (ni siquiera mención honorífica pública) frente a los que “pasan” de utilizar la democracia que tanta sangre y sufrimiento ha costado en la historia de todos los países libres. El ejercicio del voto democrático se debe incentivar y, como todos pueden participar, a nadie se discrimina con ello; el absentista se “discrimina” él sólo porque nadie se lo impide, al contrario, de prosperar esta propuesta: el Estado gratifica. La Ciudadanía Democrática en ejercicio de voto es motivo de orgullo. Si los ciudadanos que acudimos a votar y a “arrimar el hombro” para construir al Estado y sus periódicas renovaciones legítimas no nos agradecemos a nosotros mismos nuestra participación colectiva y cívica mostrada: ¿quién nos lo va a agradecer?.
Porque... ¿es beneficioso para el interés general que el Estado Democrático promueva económicamente a aquello que lo sustenta: el ejercicio del voto ciudadano?. Antes de decir “sí” digo: “porqué no”. El Estado debe promover para la Ciudadanía: la Justicia, el cumplimiento de nuestra Constitución, el buen gobierno, la legislación oportuna ante los cambios sociales, el buen funcionamiento del sistema económico y un “mar” de conceptos más, muchos de ellos culturales. Siendo así y tan fundamental el papel del Estado como promotor de la ciudadanía y para la supervivencia de las comunidades democráticas: ¿cómo lo dejamos todo en manos de la buena voluntad del ciudadano sin promoverlo cultural y económicamente, añadiendo que todo esto ocurre en sociedades de consumo donde el tiempo es “oro”, “todo” vale dinero y existe el Tesoro Público o del Estado?.
¿Dónde está la gratificación que se merece el ciudadano al ejercer su voto para el Estado Democrático?. Esa es la pregunta primordial que creo en constitucional. Pues pienso ha quedado claro que esta gratificación no genera coacción o discriminación, nada impide ir o no ir a votar y nada obliga a votar o no votar a algún partido y, encima, si vas a votar te gratifican en los tributos (deberes del ciudadano). ¿No es ideal para el interés general (“nutrido” por las individualidades ciudadanas)?. Gratificación para el ciudadano mientras que al mismo tiempo se asegura la “energía” que mantiene vivo al Estado Democrático. ¿No parece una “máquina democrática” de movimiento continuo?. ¿No es justo que esté escrito como ley?.
Llegados a esta altura muchos estarán interesados y otros “escandalizados”. Lo presumo porque algunos/as amigos/as y conocidos/as, que hasta ahora han apoyado la mayoría de mis ideas a favor de la calidad democrática, se oponen abiertamente a esta propuesta. “Romperé una lanza” a favor de ellos/as. Aunque estoy convencido que la gratificación no supone discriminación, he de reconocer que éticamente existen dos (o más) posturas bien diferenciadas en la interpretación filosófica/moral de la Democracia. Pero recuerdo a la parte contraria que la ética democrática concierne a la filosofía moral o respeto al fuero interno de la libertad y NO al orden jurídico. El derecho a gratificar acciones democráticas (proceda la gratificación de entidad privada o pública) es el que no puede ser discriminado. No obstante, aplaudo este debate porque sin duda profundizará en una mayor interpretación jurídica y ética de la libertad democrática.
Ahora otro punto lógico y económico: ¿Esta gratificación tributaria significa que el Estado y sus comunidades internas perderán cuantiosos ingresos en los respectivos Tesoros públicos?.
No. Existe una maniobra legal para que ello no ocurra, basta sólo aumentar los impuestos, por ejemplo, un 10% y después gratificar con una rebaja del 10% a los ciudadanos que acudan a votar. Si hacemos cuentas esto supone una rebaja real del 1% (100+10%=110-10%=99), que es gratificación. Por supuesto el planteamiento es más complicado fiscalmente, ya que todos los ciudadanos no están obligado a declaraciones de la renta, y para eso tenemos a los especialistas, pero el planteamiento ciudadano, como ha quedado demostrado, es simple. El cambio real en la práctica se produciría para los que no ejercen el voto, que si continúan con esta “apatía” en este ejercicio democrático notarían una subida en los impuestos.
Pero pienso que la pregunta central en esta propuesta es: ¿se trata de un asunto constitucional?.
En principio para decretar dicha gratificación no es necesario cambiar la Constitución. Es más, pienso que un Decreto así ayudaría a cumplir con el texto constitucional. Se cumpliría con la Carta Magna de nuestra soberanía (y creo que la de todas las soberanías democráticas del mundo), Estatutos Autonómicos y Municipales. Pues con esta medida el nivel de participación del Pueblo o Ciudadanía subiría sustancialmente. Es decir, si tuviésemos que definir la palabra constitucional “Pueblo” y para ello tener que elegir entre un 75% del Pueblo ó un 95%: ¿qué elegiríamos?. ¿Dónde hay “más” Pueblo?. ¿Qué alternativa cumple más con la Constitución?.
¿Soy el mismo faltándome un brazo y una pierna, soy el mismo sin un 25% de mi capacidad mental?. No, con todo mi cuerpo y mente soy más yo. Todo el cuerpo de la Ciudadanía y toda su mente en todos los comicios: ¿puede existir mayor calidad en la identificación de una comunidad democrática legítima?... y ¿existe algo más legítimo que la Constitución, Carta Magna o Leyes Fundamentales de la Soberanía democrática y sus pactos u asociaciones internacionales?.
Y aunque lo siguiente se sepa, quiero decirlo o repetirlo (por más que se escuche o se lea siempre merece la pena) porque son, nada más y nada menos, que las reglas del juego o ejercicio democrático en las que estamos inmersos, es el marco de la máxima justicia legal establecida. En nuestra soberanía, el Reino de España, ninguna ley o medida, provenga de donde provenga, sea desde el Parlamento, Gobierno, Poder Judicial, Monarquía, Gobiernos Autonómicos o Forales, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Ayuntamientos y otras asociaciones públicas y privadas, ninguna ley o medida provenga de donde provenga puede contradecir ningún Artículo de la Constitución Española, sólo la legítima mayoría absoluta de los ciudadanos/as españoles (mayoría de lo “propietarios” de la soberanía española) puede hacerlo. La Constitución es el Pacto, el Contrato de nuestra libertad ciudadana y, a la vez, el Certificado de Democracia en nuestra nación soberana. La máxima institución legítimamente interpretadora de la Constitución, antes del pronunciamiento electoral de la Ciudadanía Española, es el Tribunal Constitucional. Yo puedo interpretar la Constitución tanto legal como éticamente, es mi derecho español, pero reconozco que la interpretación del Tribunal Constitucional es potestad jurídica máxima, es “razón entre las razones”, sólo superable por el derecho de expresión legítima y democrática del pueblo español, máxima justicia soberana y base o raíz de la justicia internacional o mundial que afecta a España.
Pienso que de producirse inconstitucionalidad ya se estaría produciendo con el panorama actual al respecto. Veamos algunos puntos. Comencemos en el Preámbulo de la Constitución Española; y supongo que cualquier otro ciudadano de otra soberanía democrática encontrará similitud a mis comentarios respecto a su respectiva Constitución (los comentarios figurarán entre paréntesis):
“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
· Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo (Gratificar la participación ciudadana entra en el concepto de un orden económico y social justo y democrático).
· Consolidar un Estado de Derecho...
· Proteger a los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. (El derecho al voto es un derecho declarado humano y ciudadano, gratificar su ejercicio supone una protección más efectiva del derecho al voto).
· Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. (La Democracia y el ejercicio del voto no sólo son la base del Estado de Derecho, es también cultura democrática. El progreso de la cultura democrática puede, y quizás debe, pasar por la gratificación del ejercicio al voto.)
· Establecer una sociedad democrática avanzada... (¿avanzaremos democráticamente gratificando el voto legítimo?)”.
En el propio cuerpo de la Constitución encontramos un interesante Artículo 9.2, existen más artículos vinculados con el tema, pero creo que éste es suficiente resumen, sobre todo si pretendo que esto sea un ensayo breve. Así que me centraré en el 9.2 como resumen y ejemplo:
· “Artículo 9. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Comentarios al Artículo 9.2:
A. Al gratificar el ejercicio del voto se establece igualdad. No se establecería igualdad si, por ejemplo, sólo se pretendiese gratificar a los ciudadanos que han votado en el pasado en detrimento de quienes no lo hayan hecho. La gratificación es igual para todos porque carece o debe carecer de carácter retroactivo, todo el que vaya a votar a partir de la entrada en vigor de la ley propuesta será gratificado.
B. Y atención a la siguiente frase constitucional: “...facilitar la participación de TODOS los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Pregunta lógica al respecto: ¿todos los ciudadanos acuden a votar y a participar así en la vida política?. Respuesta: no. Entonces: ¿existe alguna forma legal y constitucional de “facilitarlo”?. Respuesta: sí, promoviendo fiscalmente, gratificando o incentivando el ejercicio del voto.
C. Por otra parte pienso que la Constitución detalla mucha inteligencia al utilizar la palabra “todos”, todos los ciudadanos, estamos hablando de todos los nombres del censo electoral, reconocemos el censo electoral como los “certtificados de propiedad o lista de propietarios” de la Soberanía y sus Ciudadanías menores legítimas. Cuántos más ciudadanos “firmen” durante el proceso de las elecciones legítimas más propiedad tendrá la decisión. Es decir, gratificar con rebaja de impuesto al ciudadano que ejercita el voto supone aumentar el valor de las decisiones del escrutinio electoral. La voz democrática española puede aumentar en calidad y cantidad.
Todos tenemos los mismos derechos ciudadanos, eso jamás puede cambiar. Pero unos ejercen sus derechos y otros no. Por lo tanto, interpreto como justo, constitucional y recomendable para el interés general que el Estado promueva o gratifique a aquellos/as ciudadanos/as que ejercen derechos “vitales”, en particular al más fundamental de todos: el derecho del voto, el que otorga el significado esencial e identificación al propio Estado de Derecho y Democrático.
Interpreto bajo símil que cada voto de cada ciudadano/a es como un “ladrillo” que construye al Estado. Pues bien, de cada 100 “ladrillos” potenciales utilizamos sólo unos 75 en la práctica, dejamos fuera de la construcción unos 25. Nuestro Estado podría ser más grande y sin convertir o intentar convertir el voto como un deber, basta sólo gratificar su ejercicio. Recordar que es obligatorio el voto en países como Grecia, Italia, Chipre, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, Bélgica, Australia y algunos más. Este ensayo breve no está a favor de la obligación o deber de votar, sino de la gratificación por votar, que es diferente.
Siendo así o con el apoyo constituciinal: ¿puede el Tribunal Constitucional imputar y sancionar a un Alcalde, Presidente de Comunidad Autónoma o al Presidente del Gobierno de la Nación si decreta gratificación o descuento en sus respectivos impuestos a los ciudadanos que acudan a votar en estas respectivas comunidades legítimas?. O desde una perspectiva privada: si yo fuese un multimillonario de mi municipio y, debido a la poca participación ciudadana en las elecciones municipales, decidiera gratificar a los ciudadanos que acudieran a votar, ¿estaría cometiendo inconstitucionalidad?. En ambos casos y a mi juicio no, porque no se está contradiciendo a la Constitución (al menos yo no lo he apreciado) y espero haberlo demostrado, pero ¿y a su juicio?, conciudadano/a lector/a. Pienso que el debate es inevitable y aconsejable, debate constructivo, por supuesto.
Voy a solicitar legitimación para esta conclusión que he desarrollado en mi pensamiento político y ciudadano. Pero no utilizaré la vía del Poder Judicial. Utilizaré o intentaré utilizar la conciudadanía, inherente a todos, pues no existe o no es real la división entre ciudadanos y representantes, la realidad, muchas veces olvidada, es: ciudadanos y ciudadanos/representantes. Y si los ciudadanos/representantes están en los Órganos y Poderes del Estado, la ciudadanía también lo está, donde exista cualquier cargo o magistrado del Estado existe un/a ciudadano/a, ¿existe algo más legítimo que la libre comunicación ciudadana para que las ideas beneficiosas para el interés general sean valoradas y aplicadas si fueran positivas?.
La Democracia Representativa se basa en la comunicación y concesión voluntaria del ciudadano al elegir representante, si queremos una democracia representativa inteligente deberemos hacer más inteligente dicha comunicación. El ciudadano concede representación, nunca soberanía. La ciudadanía soberana es el eje de nuestra libertad y sus derechos y permanece en el conjunto de las individualidades ciudadanas. Si olvidamos a las individualidades ciudadanas (tanto a las que no votan como de gratificar a las que votan) la calidad de la Comunidad soberana o legítima puede hundirse más fácilmente.
La calidad de los Representantes de los ciudadanos sólo puede establecerla (es responsabilidad de) la Ciudadanía. Cuanta más calidad de la ciudadanía más calidad en sus representantes, en los tres poderes del Estado y en el propio conjunto del interés general. Por ello, aprovecho este párrafo para reivindicar un “Manual del Ciudadano/a” en ediciones públicas, gratuitas, periódicas e interminables donde se exponga y actualice todo lo referente a las leyes que regulan a la Ciudadanía y sus derechos, donde se recoja de manera inexcusable copia exacta de la Constitución Española y de la Declaración universal de los Derechos Humanos.
Ahora otra reflexión esencial, porque esta gratificación propuesta podría ser muy positiva para algunos intereses propios de los ciudadanos/representantes y sus grupos partidistas. Veamos, por un lado tenemos que el índice de participación en cualquier comicio electoral de los Estados puede variar (para redondear situaré, como antes he hecho, en un setenta y cinco por ciento la media de participación ciudadana en los comicios del país y sus comunidades). Siendo así es lógico pensar que la entrada en vigor de esta idea haría aparecer un veinticinco por ciento nuevo de votos. Pregunta lógica en democracia representativa: ¿Cuál será y en qué proporción la mayoría y minorías de esos nuevos votos (que son muchos) en relación con los partidos políticos y sus listas electorales?.
Es obvio que si esta idea se decretara como ley el panorama político de un país o comunidad democrática legítima podría cambiar sustancialmente. Pero lo más importante: estaríamos entre un 95 y 100% de participación ciudadana en el Estado y sus comunidades democráticas, índices jamás antes producidos en la historia moderna o contemporánea.
Estos nuevos votos pueden cambiar sensiblemente el panorama y la distribución de las fuerzas políticas en los parlamentos y gobiernos. Se convierte así la información en esencial, sería muy importante que los grandes partidos, con los estudios más serios e imparciales, se informaran sobre la inclinación política/partidista de esos nuevos votos.
Estos datos fundamentales pueden ser muy variables, pero una cosa es segura: algunos partidos alcanzarían mayores niveles de votantes (escaños) y otros perderían asientos en las cámaras de representantes. Algunos podrían obtener ese gobierno que ahora o en las anteriores elecciones se les negó y otros podrían perder dichos gobiernos. Unos ganarían y otro perderían, pero también es verdad que eso ocurre siempre.
Con este índice de la opinión pública hacia el voto podríamos deducir lo siguiente: los partidos que ganarían deberían apoyar esta idea; mientras, los supuestos potenciales perdedores, en cambio y al menos al inicio, deben argumentar, no en contra, sino para retrasar la entrada en vigor de la idea. Porque estaríamos hablando de una “transición” donde el panorama terminará estabilizándose.
Los perdedores son, en muchas ocasiones, los futuros ganadores. Y cuanto antes lo sepan, mejor. Si los estudios del índice de voto en este nuevo veinticinco por ciento de votantes forma detrimento hacia alguna fuerza política, la siguiente pregunta lógica a los estudios de opinión electoral es: ¿Por qué, cuáles son los motivos?; y obrar en consecuencia: ¿qué necesitamos para interpretar y favorecer un cambio de inclinación?. Porque en este, totalmente desconocido, veinticinco por ciento de nuevos ciudadanos votantes la relatividad es gigantesca, hay “cancha” para todos los partidos políticos democráticos, a ver si puedo demostrarlo en el siguiente párrafo.
Es lógico suponer que una mínima simpatía hacia cualquier partido político es suficiente para movilizar al ciudadano/a a ejercer el voto. A priori no tenemos esa mínima simpatía de manera general en el nuevo 25%. Y si no la tenemos quiere decir que la inclinación puede cambiar fácilmente. Es hora ya de ocuparse y estudiar a los ciudadanos “pasivos” y darles los puestos que les corresponden en el conjunto del Estado y de sus grandes o pequeños partidos políticos. ¿Por qué utilizamos tres “pilotes” (anclajes de cimentación) en el Estado “cimentado” si podemos utilizar cuatro (el 25% que falta)?.
Por ello, para mí lo más importante a descubrir o subrayar con la entrada en vigor de una ley que rebaje los impuestos a los votantes sería:
· La participación ciudadana sería total o casi total.
En efecto, debemos imaginar y valorar el efecto que produciría la participación del 99% del censo electoral. Es decir, prácticamente todo el Pueblo acudiría a votar; y creo que eso nunca ha ocurrido en la historia de toda comunidad democrática pública y moderna (en la Antigua Atenas Democrática era obligatorio votar).
Una medida así marcaría precedente e historia en la sociedad democrática española y ante una civilización democrática cada vez más planetaria. Es tan importante, que el debate de opinión entre la Ciudadanía debería ser extenso y variado. Yo soy sólo una persona con una mente limitada. Cualquier detalle esencial ha podido pasar desapercibido ante mi inteligencia. Considero necesario la valoración de ciudadanos más destacados e inteligentes que yo en la práctica y teoría de la Democracia, recordando una vez más que la ciudadanía no es una profesión.
Creo que sólo existe una laguna en esta solicitud de legitimación: los grandes partidos políticos pueden pactar no abrir al “25%” inactivo del censo electoral. En ese caso, querido/a conciudadano/a, ya que estamos en una democracia representativa, yo estaré equivocado y esta idea no será verdadera. Si ello fuera así, ruego a mis comunidades democráticas disculpen las molestias que haya podido ocasionar este documento.
Antes de finalizar quisiera exponer un párrafo como pincelada humanitaria, cuando capté el detalle pensé: “porqué no”, hasta la democracia merece ser algo humanitaria. El razonamiento aparece cuando en esta propuesta colocamos a los ciudadanos indigentes o extremadamente pobres, esos que por no tener no tienen ni impuestos que pagar. ¿Sería justo gratificar a esos ciudadanos que habitan en las calles o centros de caridad si ejercen el voto, gratificar con dinero en efectivo (por ejemplo cincuenta euros) para que vivan dignamente al menos durante un día?.
Ya termino. Perdón si corresponde, pero ante todo: gracias por haber abierto su mente a mis ideas unos instantes, ideas cuyo patrimonio no lo sitúo en mi personalidad sino en el carácter ciudadano que todos tenemos. Por ello y una vez más (sintiéndolo por las Editoriales y en detrimento de mis arcas privadas) declaro universal la propiedad intelectual de este ensayo breve. Gracias.
En Benalmádena, a 24 de septiembre de 2001
P.D.: Mientras en este 2001 el Mundo Libre se moviliza diplomática, militar y supuestamente para defender la Democracia, yo, que no soy diplomático ni militar, simple ciudadano, defiendo a la Democracia de la mejor manera que sé: aumentando o intentando aumentar su calidad. Cuanta más calidad posean las democracias y los derechos en ellas establecidos más fuertes serán ante los fundamentalismos, fascismos, totalitarismos y las acciones terroristas que se desencadenan en el Mundo Libre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario